La Directiva de la UE sobre responsabilidad por productos defectuosos (85/374/CEE) está siendo sustituida por un nuevo conjunto de normas casi 40 años después de su promulgación. La normativa se ha modificado para responder mejor a las exigencias de un mundo digital. Entró en vigor el 9 de diciembre de 2024. Tras un periodo de transición de 24 meses, el régimen se aplicará en los Estados miembros de la UE a partir del 9 de diciembre de 2026.
Desde 1985, la PLD ha sido la ley que determina la indemnización de los ciudadanos de la UE perjudicados por un producto defectuoso. Con los recientes avances tecnológicos y el movimiento hacia una economía circular, la Unión Europea ha adoptado una DPL revisada que actualiza las normas de responsabilidad existentes para garantizar una mejor protección de los consumidores y una mayor seguridad jurídica para los operadores económicos.
Medidas clave
El PLD actualizado incluye definiciones y conceptos revisados para incorporar los productos digitales y las nuevas tecnologías. El cambio más notable se ha producido en la definición de "producto", que ahora el PLD considera "todos los bienes muebles, aunque estén integrados o interconectados con otro bien mueble o inmueble; [el producto] incluye la electricidad, los archivos de fabricación digital, las materias primas y los programas informáticos".
La nueva DPL también suprime el concepto de "productor", sustituyéndolo por el de "fabricante" para describir al creador de un producto. Además, la responsabilidad por productos defectuosos en virtud de la nueva norma va más allá del fabricante. En determinados casos, el importador de un producto defectuoso, el representante autorizado del fabricante y el proveedor de servicios de cumplimiento pueden ser considerados responsables de productos o componentes defectuosos. Esto habla de una tendencia más amplia de más partes en la cadena de suministro que tienen una mayor responsabilidad en todo el ciclo de vida de un producto.
La prueba para determinar si un producto es defectuoso también se ha ampliado más allá de la especificación existente de que "un producto se considerará defectuoso cuando no proporcione la seguridad que una persona tiene derecho a esperar". Con arreglo a la nueva Directiva sobre productos defectuosos, un producto puede considerarse defectuoso si no ofrece la seguridad "que exige el Derecho de la Unión o nacional". Según los expertos jurídicos de Cooley, esto significa que si un producto no cumple la normativa pertinente, "podría considerarse automáticamente defectuoso a efectos de una reclamación de responsabilidad por productos defectuosos."
La normativa actualizada también tiene en cuenta la transición a una economía circular con más reparaciones y reutilización de productos. Establece que los fabricantes que modifiquen productos serán tan responsables como el fabricante original por cualquier defecto del producto.
Por último, el PLD introduce varios cambios relativos a los daños y perjuicios. En particular, la definición de "daños indemnizables" incluye ahora los daños a la salud psicológica reconocidos médicamente y la destrucción o corrupción de datos que no se utilicen con fines profesionales. La directiva también suprime el umbral mínimo de indemnización por daños materiales y los límites máximos de las reclamaciones de indemnización.
De cara al futuro
El nuevo régimen de PLD contribuirá a aportar claridad a un mundo moderno, en el que las industrias han cambiado significativamente en los últimos 40 años y muchos productos tienen un componente digital. Sin embargo, también supondrá una mayor carga para los fabricantes y otros integrantes de la cadena de suministro si aumentan las reclamaciones por productos defectuosos y se traducen en más gastos legales y, posiblemente, multas para sus empresas.
Los cambios también acercan el marco de responsabilidad por productos defectuosos de la UE al de Estados Unidos. Esto se suma a una serie de otras normativas que aumentan las responsabilidades y hacen aún más difícil navegar por el panorama de los riesgos. Las empresas deben aprovechar el periodo de transición de 24 meses de la PLD para colaborar estrechamente con expertos jurídicos y en protección de marcas para asegurarse de que cumplen los nuevos requisitos y están preparadas para una mayor responsabilidad.
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