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Por Mark Buckingham, consultor internacional de retirada de productos

A principios de septiembre, el Parlamento Europeo aprobó una propuesta de revisión de la Directiva Marco de Residuos. Las revisiones introducen la responsabilidad ampliada del productor (RAP) obligatoria para los textiles y fijan objetivos vinculantes de reducción de residuos alimentarios. Esto sigue una tendencia más amplia en todas las industrias en las que los reguladores están ampliando las responsabilidades de los fabricantes a lo largo de todo el ciclo de vida del producto

Medidas clave

Para la industria textil es significativo que la Directiva revisada establezca normas armonizadas sobre la RPE de los productores textiles y las marcas de moda. Esto incluye el pago de una tasa obligatoria para ayudar a financiar la recogida, clasificación y reciclado de residuos. La tasa se calculará en función del grado de circularidad y sostenibilidad del diseño del producto de la empresa. El Parlamento señaló específicamente que "los Estados miembros también deberían tener en cuenta la moda ultrarrápida y las prácticas fast fashion a la hora de decidir las contribuciones financieras a los sistemas de RPE".

Las normas de la RPE se aplican a cualquier productor que comercialice productos en el mercado de la UE, independientemente de dónde tenga su sede. Los vendedores en línea están incluidos en el ámbito de aplicación de la nueva norma. Dado que la legislación es una Directiva, cada Estado miembro la incorporará a su legislación nacional y establecerá sus propios sistemas nacionales de RPE textil. Es probable que esto dé lugar a una serie de requisitos en los distintos Estados miembros, lo que creará un difícil panorama de cumplimiento para los productores textiles. 

Las categorías de productos afectadas por la Directiva ampliada incluyen prendas de vestir, calzado, accesorios, ropa de hogar, cortinas y, potencialmente, colchones, según determinen los distintos Estados miembros. 

La legislación actualizada también introducirá objetivos vinculantes de reducción de residuos alimentarios que los Estados miembros deberán cumplir antes del 31 de diciembre de 2030. Entre ellos se incluye el mandato de reducir los residuos de la transformación y fabricación de alimentos en un 10% con respecto a los niveles de 2021-2023. El comercio minorista, los restaurantes, los servicios alimentarios y los hogares tienen el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos en un 30% per cápita. Cada Estado miembro también debe identificar a los operadores económicos que tienen un papel significativo en el desperdicio de alimentos. Estas entidades deben tomar medidas para facilitar la donación de alimentos no vendidos que sean seguros para el consumo humano. 

Repercusiones para las empresas

La Directiva revisada entró en vigor el 16 de octubre de 2025. Los Estados miembros dispondrán de 20 meses a partir de esa fecha para aplicar sus sistemas de RPE textil. Las empresas deben esperar que los nuevos sistemas estén implantados en toda la UE para 2028. 

Como hemos señalado en blogs recientes, la UE ha emprendido un esfuerzo más amplio para hacer avanzar la normativa en pos de una economía circular. En julio, la Comisión Europea publicó un plan de trabajo quinquenal para seguir aplicando el Reglamento sobre diseño ecológico de productos sostenibles y el Reglamento sobre etiquetado energético. El plan de trabajo determinó las categorías de alto impacto que deberán adoptar primero los requisitos de diseño ecológico y etiquetado energético. La UE también avanzó en septiembre una propuesta de Reglamento sobre vehículos al final de su vida útil, cuyo objetivo es hacer más sostenible el sector del automóvil. 

Con estas responsabilidades ampliadas en el horizonte, las empresas deben empezar a revisar sus productos para determinar si hay formas de hacerlos más sostenibles o de mejorar su reciclabilidad. Los fabricantes tendrán que pagar tasas más elevadas por los productos que sean más difíciles de reciclar o tengan un mayor impacto ambiental. Estos productos también pueden enfrentarse a un mayor escrutinio por parte de las autoridades nacionales.

A medida que las autoridades reguladoras siguen responsabilizando a los fabricantes de aspectos adicionales del ciclo de vida del producto, sigue siendo fundamental disponer de un plan de respuesta a la retirada de productos exhaustivo y probado, así como de una capacidad de respuesta rápida ante crisis en el mercado. Cualquier acontecimiento puede resultar catastrófico para una empresa, pero una preparación adecuada y la capacidad de reaccionar con rapidez pueden mitigar el impacto de una situación de este tipo. 

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