La CMA publica orientaciones definitivas sobre la aplicación directa de la DMCCA

En abril de 2025 entró en vigor la Ley de Mercados Digitales, Competencia y Consumidores (DMCCA), que amplió significativamente las facultades de ejecución de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) y aumentó el riesgo de escrutinio regulatorio para las empresas. La CMA ha publicado una serie de documentos de orientación para ayudar a las empresas a comprender cómo se aplicará la DMCCA y sus nuevos requisitos de cumplimiento. 

Como hemos señalado enblogs anteriores, la DMCCAintroduceun nuevo modelo de aplicación administrativa que otorga a la CMA la autoridad para investigar presuntas infracciones de la legislación en materia de consumo y emitir las notificaciones correspondientes a las empresas que considere que han infringido la ley. Además, la agencia puede imponer multas de hasta el 10 % de la facturación global anual de una empresa por incumplir la legislación pertinente. Anteriormente, la agencia dependía de los tribunales para fijar las sanciones económicas y no podía imponer multas directamente. 

En marzo, la CMA publicó suguía definitiva, en la que se establece cómo utilizará la mayor autoridad que le confiere la nueva normativa para hacer cumplir la ley directamente en beneficio de los consumidores. La agencia también publicó unabreve guíadirigida a empresas y abogados en la que se definen las actividades que considera injustas para los consumidores, como las afirmaciones comerciales engañosas, las reseñas falsas y las ventas bajo presión. La publicación complementa laguía definitivade la CMA y ofrece información sobre las prioridades de la agencia.

Detalles de la orientación definitiva sobre la autoridad de ejecución directa del consumidor

En general, las directrices publicadas en marzo por la CMA sobre la ampliación de sus competencias en materia de aplicación de la ley coinciden con laversión anteriorpublicada en julio de 2024. La versión definitiva mantiene las cuatro fases del proceso de aplicación directa de la ley en materia de consumo: fase previa al lanzamiento, investigación, decisión final y fase posterior a la decisión. 

Tras llevar a cabo una investigación formal, la CMA puede emitir una notificación provisional de infracción (PIN) si considera que una empresa ha infringido la legislación en materia de consumo. La empresa tendrá la oportunidad de responder mediante declaraciones escritas y orales. En el borrador de la guía, se concedía a las empresas un plazo de entre 20 y 30 días hábiles para responder. Durante el proceso de consulta, las partes interesadas expresaron su preocupación por este plazo tan limitado. En la guía definitiva, el plazo se amplió a entre 20 y 40 días hábiles, y podría ser más largo en circunstancias apropiadas. 

El borrador de la guía también solo permitía que las empresas investigadas y sus asesores legales asistieran a las audiencias orales. Las partes interesadas también expresaron su preocupación por esta disposición durante el proceso de consulta. Como resultado, la guía definitiva permite que otros asesores, como los peritos, asistan a las audiencias orales. 

Además, la guía definitiva incluye varios escenarios más para ayudar a ilustrar mejor los procesos clave, como el cálculo de las sanciones económicas. Ofrece ejemplos de cómo se calculan las sanciones en cuatro categorías y clasificaciones que van desde «Alta A» a «Baja D», en función del daño potencial y el nivel de culpabilidad.

De cara al futuro

La CMA ha comunicado sistemáticamente su intención de aplicar de forma agresiva su proceso de ejecución ampliado. Esa postura no ha cambiado con la entrada en vigor de la DMCCA. 

En suDirectriz Estratégica para 2025, el Gobierno del Reino Unido ordenó a la CMA que «utilizara su gama de herramientas, incluidas sus próximas facultades de ejecución directa sobre los consumidores en virtud de la DMCCA, para, cuando procediera, hacer crecer la economía mediante la promoción de la confianza de los consumidores, al tiempo que se disuadía de las malas prácticas empresariales». 

Dado que tanto el Gobierno como la CMA están de acuerdo en que la agencia utilice sus facultades de ejecución directa sobre los consumidores, las empresas deben prepararse para un escrutinio más estricto de sus prácticas y una aplicación más agresiva de la ley. Deben evaluar su riesgo potencial a la luz de la posición de los reguladores y tomar medidas para mitigar cualquier peligro para sus operaciones.

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