25 de julio de 2025
En abril de 2025 entró en vigor la Ley de Mercados Digitales, Competencia y Consumidores (DMCCA, por sus siglas en inglés), que amplía significativamente los poderes de ejecución de la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) y aumenta el riesgo de escrutinio normativo para las empresas. La CMA ha publicado una serie de documentos de orientación para ayudar a las empresas a entender cómo se aplicará la DMCCA y sus nuevos requisitos de cumplimiento.
Como ya hemos señalado en blogs anteriores, la DMCCA introduce un nuevo modelo de aplicación administrativa que confiere a la CMA autoridad para investigar presuntas infracciones de la legislación de consumo y emitir los avisos correspondientes a las empresas que determine que las han infringido. Además, la agencia puede imponer multas de hasta el 10% de la facturación global anual de una empresa por incumplimiento de las leyes pertinentes. Anteriormente, la agencia dependía de los tribunales para fijar las sanciones económicas y no podía imponer multas directamente.
En marzo, la CMA publicó su guía final que establece cómo utilizará su autoridad reforzada de aplicación directa a los consumidores otorgada por el nuevo reglamento. La agencia también publicó una breve guía para empresas y abogados en la que se definen las actividades que considera desleales para los consumidores, como las afirmaciones comerciales engañosas, las reseñas falsas y la venta bajo presión. La publicación complementa las orientaciones finales de la CMA y ofrece información sobre las prioridades de la agencia.
Detalles de las orientaciones finales sobre la autoridad de ejecución directa del consumidor
En general, las directrices de marzo de la CMA sobre su autoridad de aplicación ampliada se alinean con la versión anterior que publicó en julio de 2024. La versión final mantiene las cuatro etapas del proceso de aplicación directa a los consumidores: antes del lanzamiento, investigación, decisión final y después de la decisión.
Tras llevar a cabo una investigación formal, la CMA puede emitir una Notificación Provisional de Infracción (PIN) si considera que una empresa ha infringido la legislación sobre consumidores. La empresa tendrá la oportunidad de responder por escrito y oralmente. En el proyecto de directrices, las empresas disponían de 20 a 30 días laborables para responder. Durante el proceso de consulta, las partes interesadas expresaron su preocupación por este plazo tan limitado. En las orientaciones finales, el plazo se amplió a 20-40 días laborables, y potencialmente más en circunstancias apropiadas.
El proyecto de directrices también permitía únicamente a las empresas investigadas y a sus asesores jurídicos asistir a las vistas orales. Las partes interesadas también expresaron su preocupación por esta disposición durante el proceso de consulta. En consecuencia, las directrices finales permiten que otros asesores, como los peritos, asistan a las audiencias orales.
Además, la guía final contiene varios escenarios más para ayudar a ilustrar mejor los procesos clave, como el cálculo de las sanciones pecuniarias. Ofrece ejemplos de cómo se calculan las sanciones en cuatro categorías y clasificaciones que van desde "Alta A" a "Baja D", en función del daño potencial y el nivel de culpabilidad.
De cara al futuro
La CMA ha comunicado sistemáticamente que tiene la intención de aplicar agresivamente su proceso de aplicación ampliado. Esta posición no ha cambiado con la entrada en vigor de la DMCCA.
En su Orientación Estratégica 2025, el Gobierno del Reino Unido ordenó a la CMA que "utilice su gama de herramientas, incluidas sus próximas competencias directas de aplicación de la DMCCA a los consumidores, para, cuando proceda, hacer crecer la economía mediante la promoción de la confianza de los consumidores, disuadiendo al mismo tiempo las malas prácticas empresariales".
Dado que tanto el Gobierno como la CMA están de acuerdo en que la agencia haga uso de sus poderes de aplicación directa a los consumidores, las empresas deben estar preparadas para un escrutinio más estricto de sus prácticas y una aplicación más agresiva. Deben evaluar su riesgo potencial a la luz de la posición de los reguladores y tomar medidas para mitigar cualquier peligro para sus operaciones.
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