La adopción de la CSDDD conlleva más responsabilidades para las empresas europeas. 

En mayo de 2024, el Consejo de la Unión Europea adoptó formalmente laDirectiva sobre el deber de diligencia empresarial en materia de sostenibilidad(CSDDD), que introducirá requisitos obligatorios de diligencia debida en materia de sostenibilidad y derechos humanos para muchas empresas con sede u operaciones en la UE.

La CSDDD entrará en vigor el 25 de julio de 2024. Aunque el umbral para las empresas incluidas en su ámbito de aplicación se ha reducido con respecto a la propuesta original, la CSDDD seguirá teniendo un impacto considerable en las empresas que entren en su ámbito de aplicación. 

¿Quiénes se ven afectados?

En términos generales, la CSDDDexige alas empresas, sus filiales y sus socios de la cadena de suministro, tanto upstream como downstream, que «pongan fin o mitiguen sus impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente». La directiva aprobada se aplica tanto a las empresas de la UE como a las de fuera de la UE. 

Las empresas de la UE y las empresas matrices con más de 1000 empleados y más de 450 millones de euros de facturación anual en todo el mundo serán el grupo más afectado. LaComisión Europea estimaque aproximadamente 6000 grandes sociedades de responsabilidad limitada y sociedades colectivas de la UE entran en esta categoría. Las empresas no pertenecientes a la UE que generen más de 450 millones de euros de facturación anual en la UE también deberán cumplir con la CSDD. Según las estimaciones de la Comisión, esto afectará a 900 empresas adicionales.

Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes) no están sujetas a las normas propuestas. Sin embargo, existen medidas de apoyo y protección para las pymes que podrían afectarlas indirectamente como socios comerciales en las cadenas de valor.

Requisitos clave

La CSDDD introduce una obligación de diligencia debida corporativa que exige a las empresas afectadas identificar y abordar «los impactos adversos reales y potenciales sobre los derechos humanos y el medio ambiente». Las empresas no solo tendrán que identificar y abordar estos impactos en sus propias operaciones, sino también en «las operaciones de sus filiales y las operaciones de sus socios comerciales en sus cadenas de actividades». Los abogados de White & Case LLP explican que estosignifica que las empresas serán responsables de la diligencia debida sobre sus filiales y socios comerciales ascendentes en lo que respecta a la producción de bienes o la prestación de servicios, así como sobre sus filiales y socios comerciales descendentes en lo que respecta a la distribución y el almacenamiento del producto.

Además de identificar y evaluar los riesgos de que sus operaciones puedan afectar negativamente a los derechos humanos y al medio ambiente, las empresas también deben implementar medidas para prevenir y mitigar cualquier impacto adverso que detecten. Tras la evaluación inicial, las empresas deben supervisar continuamente la eficacia de sus procesos y presentar informes anuales para que las partes interesadas puedan evaluar el compromiso de la empresa con la sostenibilidad.

La directiva también exige a las empresas que elaboren y apliquen un plan de transición climática en consonancia con elAcuerdo de París sobre el cambio climático.

Además de enfrentarse a una mayor responsabilidad más allá de sus propias operaciones, las empresas también podrían sufrir graves repercusiones por incumplir de forma intencionada o por negligencia la CSDDD. En determinados casos, los reguladores pueden imponer una multa de hasta el cinco por ciento de la facturación neta global de una empresa del ejercicio financiero anterior. Más notable aún, la CSDDD introduce la responsabilidad civil por los daños causados por una empresa que incumpla sus obligaciones de diligencia debida, lo que obligará a la empresa a indemnizar íntegramente a las víctimas. Las entidades también pueden quedar excluidas de las licitaciones públicas y los procesos de contratación dentro de la UE.

Mirando hacia el futuro

Después del 25 de julio de 2024, los Estados miembros tendrán dos años para transponer la CSDDD a la legislación nacional. La CSDDD se aplicará por fases a partir de 2027, comenzando por las empresas más grandes, con 5000 empleados o más. Se aplicará al último grupo, las empresas más pequeñas y todos los franquiciadores y licenciantes, el 26 de julio de 2029.

Los Estados miembros se enfrentan a requisitos mínimos de armonización para la CSDDD, por lo que la legislación nacional creada al transponer la CSDDD no puede reducir el nivel de protección, ni puede reducirse la legislación nacional existente si el nivel de protección es superior al ofrecido por la CSDDD. Varios Estados miembros, entre ellos Alemania, Francia y Noruega, cuentan con legislación vigente en materia de diligencia debida. Dado que la CSDDD permite a los Estados miembros introducir obligaciones más estrictas o un ámbito de aplicación más amplio para el deber de diligencia debida de las empresas, es posible que otros Estados miembros introduzcan su propia legislación. Sin embargo, la Comisión Europea esperaque las nuevas normas establezcanun marco jurídico uniforme y garanticen la igualdad de condiciones para las empresas de toda la UE.

En los últimos años, la UE ha dado prioridad a la legislación sobre la diligencia debida para proteger los derechos humanos y el medio ambiente, como hemos visto con el Reglamento sobre la deforestación, el Reglamento sobre el trabajo forzoso y otros. Los legisladores también están ampliando las responsabilidades de las empresas en todo el ciclo de vida de los productos, incluidas las actividades de sus socios y proveedores. Las empresas deben seguir este ejemplo y auditar sus marcos actuales de diligencia debida y evaluación de riesgos, no solo para garantizar el cumplimiento de la legislación, sino también para adelantarse a cualquier requisito futuro. Además, deben tomar medidas para garantizar que otras empresas con las que hacen negocios tomen las mismas precauciones.

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