La revisión del nuevo régimen de seguridad de los productos del Reino Unido impone mayores obligaciones reglamentarias a los fabricantes.

A principios de agosto, el Gobierno delReino Unido publicó 13 propuestas para modificar la seguridad de los productos.Aunque las partes interesadas llevaban tiempo esperando estas propuestas, algunos de los cambios sorprendieron a los expertos en materia de regulación,ya que podrían suponer un aumento significativo de las obligaciones reglamentarias y las sanciones por incumplimiento para los fabricantes, productores y distribuidores.

Consideraciones sobre responsabilidad civil para distribuidores y productores

El Gobierno del Reino Unido adoptó un enfoque mesurado y colaborativo para reformar el régimen regulador de la seguridad de los productoscon el objetivo de crear un «marco que apoye a las empresas para innovar y crecer, al tiempo que garantiza la seguridad de los consumidores». Todos los cambios propuestos podrían afectar a las partes interesadas, pero hay cuatro que destacan en términos de responsabilidad para los distribuidores y productores. Entre ellos se incluyen:

1. Nuevos requisitos obligatorios de notificación de incidentes.
2. Nuevas definiciones para las funciones de los mercados en línea.
3. Las nuevas autoridades de control deben sancionar sin recurrir a la vía judicial.
4. La propuesta de reorganización de la estructura derivada de la UE del marco de seguridad de los productos.

Los últimos requisitos

Las propuestas cambiarán la forma en que se definen los mercados en línea e introducirán una serie de nuevos requisitos para los vendedores y distribuidores en línea en relación con su cooperación con las autoridades reguladoras. Esto incluiría recopilar y verificar información adicional sobre terceros vendedores de productos de alto riesgo y proporcionar dicha información a las autoridades reguladoras si los productos no son seguros o no cumplen con la normativa. Las propuestas también incluyen el requisito de realizar un seguimiento de lapágina de alertas y retiradas de productosdel gobierno y de tomar las medidas adecuadas, presumiblemente para retirar los productos del mercado. Estos nuevos requisitosreflejan la actividad recientede la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU. (CPSC), que ha indicado que considera a los fabricantes responsables de supervisar los mercados en línea en busca de productos inseguros.

Seguridad y normas de los productos

Otro cambio digno de mención es la ampliación de las competencias de la Oficina de Seguridad y Normas de los Productos (OPSS). Mientras que anteriormente los datos sobre retiradas y otros productos se compartían con las autoridades locales, en el marco propuesto esa información se compartiría con la OPSS para coordinar las respuestas. Esto significa que los esfuerzos para hacer cumplir la normativa probablemente serán más organizados y exhaustivos. Las propuestas también pretenden ampliar las competencias de la OPSS para incluir, potencialmente, la facultad de imponer sanciones pecuniarias civiles sin necesidad de recurrir a los tribunales.

Las propuestas también contienen un cambio importante en el funcionamiento de la OPSS, que se desviaría del marco de seguridad de los productos existente, derivado de la normativa de la UE. Esto también supone una gran sorpresa para los expertos en regulación, debido a que difiere fundamentalmente de la forma en que se regula actualmente la seguridad de los productos. Las propuestas cambiarían la forma en que se clasifican los productos a efectos de seguridad, pasando a clasificaciones basadas en los niveles de peligro potencial en lugar de por sectores, como en el sistema actual. El carácter sorprendente de muchos de estos cambios se suma al ya complejo panorama normativo que ha surgido en Europa desde el Brexit. A medida que el Reino Unido continúa reestructurando sus propios regímenes normativos y se aleja de las leyes derivadas de la UE, las empresas deben esperar sorpresas normativas en el futuro.

Comprensión de los sistemas normativos

Además, las empresas que fabrican y distribuyen productos en Europa se enfrentan ahora a una gama más amplia de sistemas normativos que deben comprender. El incumplimiento de las nuevas normativas supone un riesgo de responsabilidad civil y una amenaza para la confianza de los consumidores que no debe pasarse por alto. Esto es especialmente cierto a la luz de la propuesta de facultad ejecutiva para imponer sanciones civiles por incumplimiento. Aunque navegar por el panorama normativo actual puede ser un reto, trabajar con expertos externos especializados en protección de marcas y legislación sobre responsabilidad por productos defectuosos puede aliviar la carga y reducir los riesgos para sus resultados y su reputación.

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