A principios de agosto, el gobierno del Reino Unido hizo públicas 13 propuestas para modificar la seguridad de los productos. Aunque las partes interesadas esperaban estas propuestas desde hace tiempo, algunos de los cambios sorprendieron a los expertos en reglamentación porque podrían suponer para fabricantes, productores y distribuidores un aumento significativo de las obligaciones reglamentarias y de las sanciones en caso de incumplimiento.
Consideraciones de responsabilidad para distribuidores y productores
El Gobierno británico adoptó un planteamiento comedido y de colaboración para reformar el régimen regulador de la seguridad de los productos con el objetivo de crear un "marco que apoye a las empresas para que innoven y crezcan al tiempo que garantiza la seguridad de los consumidores". Todos los cambios propuestos podrían afectar a las partes interesadas, pero hay cuatro que destacan en términos de responsabilidad para distribuidores y productores. Son los siguientes
- Nuevos requisitos obligatorios de notificación de incidentes.
- Nuevas definiciones de las funciones de los mercados en línea.
- Las nuevas autoridades de control deben sancionar sin enjuiciar.
- La propuesta de reorganización de la estructura derivada de la UE del marco de seguridad de los productos.
Los últimos requisitos
Las propuestas cambiarán la definición de los mercados en línea e introducirán una serie de nuevos requisitos para los vendedores y distribuidores en línea en cuanto a su cooperación con las autoridades reguladoras. Esto incluiría recoger y verificar información adicional sobre terceros vendedores de productos de alto riesgo y facilitar esa información a las autoridades reguladoras si los productos no son seguros o no cumplen las normas. Las propuestas también incluyen el requisito de seguir la página de retirada de productos y alertas del gobierno y tomar las medidas oportunas, presumiblemente para retirar los productos del mercado. Estos nuevos requisitos reflejan la actividad reciente de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC), que ha indicado que considera a los fabricantes responsables de vigilar los mercados en línea en busca de productos inseguros.
Normas y seguridad de los productos
Otro cambio digno de mención es la ampliación del poder de ejecución de la Oficina de Normas y Seguridad de los Productos (OPSS). Mientras que antes los datos sobre retirada de productos y otros productos se compartían con las autoridades locales, con el marco propuesto esa información se compartirá con la OPSS para coordinar las respuestas. Esto significa que los esfuerzos por hacer cumplir la normativa serán probablemente más organizados y exhaustivos. Las propuestas también pretenden ampliar las competencias de la OPSS para incluir la posibilidad de imponer sanciones pecuniarias civiles sin recurrir a los tribunales.
Las propuestas también suponen un cambio importante en el funcionamiento de la OPSS, que se apartaría del actual marco de seguridad de los productos derivado de las normas de la UE. Esto también supone una gran sorpresa para los expertos en reglamentación debido a la forma en que difiere fundamentalmente del modo en que se regula actualmente la seguridad de los productos. Las propuestas cambiarían la forma de clasificar los productos a efectos de su seguridad, pasando a clasificaciones basadas en niveles de peligro potencial en lugar de por sectores, como en el sistema actual. La naturaleza sorprendente de muchos de estos cambios se suma al ya complejo panorama normativo que ha surgido en Europa desde el Brexit. A medida que el Reino Unido continúa desarrollando sus propios regímenes regulatorios y se aleja de las leyes derivadas de la UE, las empresas deben esperar futuras sorpresas regulatorias.
Comprender los sistemas normativos
Además, las empresas que fabrican y distribuyen productos en Europa se enfrentan ahora a una gama más amplia de sistemas normativos que deben comprender. No ajustarse adecuadamente a la nueva normativa supone un riesgo de responsabilidad y una amenaza para la confianza de los consumidores que no debe pasarse por alto. Esto es especialmente cierto a la luz del poder de ejecución propuesto para imponer sanciones civiles por incumplimiento. Aunque navegar por el panorama normativo actual puede ser un reto, trabajar con terceros expertos especializados en protección de marcas y responsabilidad civil por productos defectuosos puede aliviar la carga y reducir los riesgos para su cuenta de resultados y su reputación.
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