En el mundo de la gestión de riesgos, atender las necesidades de las entidades públicas suele considerarse una disciplina distinta. Sin embargo, al igual que sus homólogos del sector privado, las entidades públicas emplean a personas, poseen propiedades, gestionan flotas de vehículos, mantienen funciones organizativas centralizadas como recursos humanos y finanzas, y están sujetas a normas y reglamentos jurisdiccionales. Con muchas de las mismas bases que las empresas privadas, ¿qué tienen las entidades públicas que hace que sus necesidades en materia de reclamaciones sean tan diferentes? A continuación analizaré algunos de los elementos distintivos de la gestión de riesgos en el sector público.
Factores de mano de obra
La exposición al riesgo en el trabajo de muchos empleados públicos es muy distinta de la de la mayoría de los trabajadores. La policía y los agentes de seguridad llevan armas y se enfrentan cada día a la amenaza de la violencia, mientras que los bomberos se topan con edificios en llamas y otros escenarios de rescate impredecibles. Estos trabajos peligrosos son esenciales para la sociedad, pero exponen a los trabajadores a un riesgo significativo de lesiones y enfermedades. En lo que respecta a la indemnización de los trabajadores, muchas organizaciones de entidades públicas registran duraciones de incapacidad temporal más largas entre sus empleados. Además, las personas que ocupan estos puestos de alto riesgo tienen presunciones añadidas, como los cánceres que se presumen causados por exposiciones cancerígenas en acto de servicio.
Las lesiones y enfermedades físicas no son los únicos peligros a los que se enfrentan los empleados públicos; suelen ser más propensos a sufrir problemas de salud mental debido al estrés y al escrutinio público de su trabajo. Tradicionalmente, los primeros intervinientes se han mostrado reticentes a pedir ayuda para tratar su salud mental, pero en los últimos años la cultura se ha vuelto más tolerante. Las entidades públicas se esfuerzan ahora por remodelar la narrativa en torno al trauma, situándolo como la exposición a una lesión mental en el curso del trabajo, animando a los empleados a acceder a una atención de calidad como les resulte más cómodo (incluso a través de los sistemas escolares o la telemedicina), centrándose en la prevención del suicidio y avanzando hacia la presunción de indemnizabilidad por TEPT.
A diferencia del sector empresarial, casi todas las entidades públicas tienen al menos algunos empleados sindicados. La implicación de los sindicatos puede añadir presión a las tareas de los gestores de riesgos que supervisan los programas de indemnización de los trabajadores que incluyen a miembros de los sindicatos.
Otra distinción importante entre la mano de obra del sector privado y la del público es la permanencia en el empleo. Mientras que la mayoría de los trabajadores actuales cambian de empresa varias veces a lo largo de su vida laboral ( Empleo), muchos empleados del sector público permanecen en la misma empresa durante mucho tiempo. Las entidades públicas ofrecen un trabajo local fiable y buenas prestaciones, y proporcionan a los empleados un sentido de servicio a la comunidad.
Factores de riesgo
El panorama de riesgos para las entidades públicas es muy diferente del entorno en el que operan las organizaciones privadas. Mientras que una empresa puede ser propietaria y gestora de varios edificios, las entidades públicas suelen ser los mayores propietarios de sus estados. La mayoría de los terrenos no incorporados a su jurisdicción son, en última instancia, responsabilidad del estado o del condado. Este ámbito amplio y nebuloso crea un gran riesgo y puede ser difícil de cuantificar.
Las entidades públicas también son responsables de grandes flotas de vehículos. Además de coches y camiones estándar, estas flotas incluyen vehículos especializados como coches de policía, camiones de bomberos, autobuses escolares y helicópteros. Debido a la naturaleza única de estos vehículos y a las funciones que desempeñan en la seguridad pública, la dinámica de gestión de los riesgos asociados es bastante particular y puede dar lugar a complejas reclamaciones de automóviles y responsabilidad civil.
Debido a estos elevados riesgos, las entidades públicas son difíciles de suscribir y asegurar. Tienen menos acceso a los mercados de seguros y, por tanto, es más probable que se autoaseguren. Esta estructura de financiación del riesgo significa que el dinero utilizado para pagar las reclamaciones procede de los ciudadanos contribuyentes, y de otro modo se gastaría en servicios públicos. Para proteger el bien público, muchos Estados han impuesto límites legales a la exposición a la responsabilidad civil y no pueden, por ejemplo, pagar por daños no económicos como el dolor y el sufrimiento. Además, las reclamaciones de indemnización de los trabajadores del sector público suelen tener una duración más larga; las entidades públicas suelen resistirse a liquidar responsabilidades futuras y, en su lugar, las pagan a lo largo del tiempo para evitar romper el presupuesto en un solo año.
Factores operativos
Hay muchas políticas implicadas en el funcionamiento de las entidades públicas y muchos intereses que tienen algo que decir en cada asunto. Los gobiernos democráticos están dirigidos, por supuesto, por cargos electos, que aportan sus propias agendas. Los gestores de riesgos de las entidades públicas tienen que hacer su trabajo a voluntad de los funcionarios que ocupan el cargo en ese momento; también tienen que trabajar con los consejos de administración pertinentes para conseguir la aprobación de todo, desde la autoridad de liquidación de siniestros hasta la seguridad de los empleados y las iniciativas de reincorporación al trabajo. A veces estos puntos se añaden formalmente a los órdenes del día de las reuniones públicas y se presentan ante los consejos y juntas locales. Y, cuando hay un cambio de administración, el proceso puede tener que empezar de nuevo tras unas elecciones. Todos estos factores ralentizan el ritmo del cambio y restringen la libertad de los departamentos públicos de gestión de riesgos. Las organizaciones privadas suelen ser más ágiles debido a sus estructuras de liderazgo.
También está la cuestión del escrutinio público. Los medios de comunicación locales dan mucha cobertura a las entidades públicas, ya que las comunidades y sus ciudadanos se interesan (y deberían hacerlo) por cómo se utiliza el dinero de sus impuestos. Sin embargo, eso puede llevar a veces a que los casos se juzguen en el tribunal de la opinión pública y no en un tribunal de justicia. El nivel de escrutinio bajo el que operan muchos empleados y organismos públicos puede afectar directamente a la forma en que se gestionan los riesgos y se resuelven en última instancia las reclamaciones.
Al servicio del bien público
Aunque no siempre es fácil ni está exenta de retos, la labor de gestión de riesgos para el sector público es significativa. Protegemos activos esenciales para la comunidad ayudando a las entidades públicas a controlar sus gastos. Cada dólar que ahorramos es dinero que puede destinarse al bien público. Conseguimos que los profesores vuelvan a las aulas y la policía a las calles, y mitigamos la pérdida de uso de propiedades públicas dañadas. El trabajo que hacemos con nuestros socios de gestión de riesgos de entidades públicas se traduce en beneficios para todos nosotros y sirve a un propósito mayor. Ese sentido de finalidad ha alimentado mi pasión por el trabajo con entidades públicas durante más de 30 años.
El enfoque de Sedgwick hacia los programas públicos ofrece lo mejor de ambos mundos: equipos locales de siniestros arraigados en las comunidades a las que servimos y profundos recursos globales en seguridad de datos, desarrollo tecnológico, análisis de tendencias y liderazgo de pensamiento que se integran a la perfección en nuestros servicios. Al equilibrar las ventajas de nuestro ámbito de actuación, el profundo conocimiento del sector público y el compromiso de nuestro talento local, ofrecemos las mejores soluciones de su clase que satisfacen las distintas necesidades de entidades públicas de todas las formas y tamaños.
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