La industria automovilística estadounidense podría ver un respiro en los límites de emisiones

Por: Wayne Mitchell, consultor de retiradas de productos

El año pasado, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) publicóun borrador de normativaque establecería límites de emisiones de CO₂ para turismos, SUV y camionetas de los años de modelo 2027-2032, con el objetivo de seguir fomentando la adopción de los vehículos eléctricos (VE). Para cumplir estos límites, la EPA estima que la propuesta requeriría que los VE representaran el 67 % de las ventas de vehículos ligeros para 2032, lo que supone un aumento bastante considerable en menos de una década.

Límites de emisiones

La EPA no fue el primer organismo regulador en intentar impulsar el mercado de los vehículos eléctricos mediante límites de emisiones. El año pasado, la Unión Europeatomó medidaspara aprobar una legislación que pondría fin a todas las ventas de vehículos nuevos de gasolina a partir de 2035. Aunque ambas medidas son pasos normativos importantes para reducir las emisiones de CO₂ de los vehículos, muchos actores del sector han señalado que los fabricantes de equipos originales (OEM) ya están reorientando sus operaciones y realizando grandes inversiones para facilitar la transición a los vehículos eléctricos, y que estas regulaciones adicionales podrían suponer una carga innecesaria y costosa. También existe una creciente preocupación por el hecho de que los consumidores no estén totalmente convencidos del cambio a los vehículos eléctricos, debido principalmente al coste asociado a su compra y mantenimiento y a la falta de una infraestructura nacional de recarga.

Adopción de los vehículos eléctricos: EE. UU. y Reino Unido

Ahora, según algunas informaciones, la Administración Biden podría relajar pronto algunos de los ambiciosos objetivos que se fijó para impulsar la adopción de los vehículos eléctricos. En lugar de exigir a los fabricantes de automóviles que los vehículos eléctricos representen el 60 % de sus ventas de vehículos nuevos para 2030, la normativa actualizada, prevista para marzo, establecería que esa cifra seainferior al60 % deltotal de vehículosproducidospara 2030. Puede parecer un cambio insignificante, pero el cambio de las ventas de vehículos nuevos al total de vehículos producidos reduciría la carga sobre los fabricantes de automóviles, que se enfrentan a retos en sus cadenas de suministro y con la demanda de los consumidores.

El Reino Unido tomó una medida similar el pasado mes de septiembre,al anunciarque el Gobierno retrasaría cinco años la prohibición prevista de la venta de turismos nuevos de gasolina y diésel, pasando de 2030 a 2035. Hubo reacciones encontradas sobre si estas decisiones políticas dificultarán a los fabricantes el cumplimiento del mandato de vehículos de cero emisiones (ZEV), al hacer más difícil la venta de coches, o si las normas obligarán a reducir el coste de los vehículos eléctricos para atraer a los compradores, aumentando así la adopción de estos vehículos.

En Estados Unidos, la industria automovilística presionó a la EPA y a la Administración Biden para que llevaran a cabo este cambio. John Bozella, director ejecutivo de la asociación sectorial Alliance for Automotive Innovation (AAI),solicitóa la Administración que «diera al mercado y a las cadenas de suministro la oportunidad de ponerse al día, mantuviera la capacidad de elección de los clientes, permitiera la puesta en marcha de más puntos de recarga públicos y dejara que los créditos industriales y la Ley de Reducción de la Inflación surtieran efecto e influyeran en la transformación industrial».

El impacto en las operaciones

A pesar del posible cambio en la normativa sobre emisiones propuesta por la EPA, los fabricantes y distribuidores de automóviles deben seguir atentos a cualquier novedad y a cómo esta podría afectar a sus operaciones. Aunque muchos fabricantes de automóviles están tomando medidas para pasar a los vehículos eléctricos, esta normativa podría acelerar ese proceso e introducir nuevos requisitos de cumplimiento. Además, dados los mayores riesgos de seguridad asociados a los vehículos eléctricos, ya sea por su mayor peso o por posibles problemas con sus baterías y estaciones de recarga, los fabricantes y los concesionarios deberían colaborar con expertos externos para determinar sus responsabilidades y cómo proteger su reputación en caso de que se produzca un incidente adverso.

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