Por: Wayne Mitchell, Consultor de Recall
El año pasado, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. (EPA) publicó un proyecto de normativa que establecería límites de CO2 para coches, todoterrenos y camionetas para los modelos de los años 2027-2032 con el objetivo de promover la adopción de vehículos eléctricos (VE). Para cumplir estos límites, la EPA estima que la propuesta requeriría que los VE alcanzaran el 67% de las ventas de vehículos ligeros en 2032, un aumento bastante grande en menos de una década.
Límites de emisiones
La EPA no es el primer organismo regulador que intenta impulsar el mercado de los vehículos eléctricos con límites de emisiones. El año pasado, la Unión Europea adoptó una legislación que pondría fin a todas las ventas de nuevos vehículos de gas a partir de 2035. Aunque ambas medidas son importantes para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos, muchas partes interesadas del sector han señalado que los fabricantes de equipos originales ya están modificando sus operaciones y realizando grandes inversiones para facilitar la transición a los vehículos eléctricos, por lo que estas normativas adicionales pueden suponer una carga innecesaria y costosa. También preocupa cada vez más que los consumidores no estén totalmente de acuerdo con el cambio a los vehículos eléctricos, principalmente por el coste asociado a su compra y mantenimiento y por la falta de una infraestructura nacional de recarga.
Adopción del VE: EE.UU. y Reino Unido
Ahora, los informes sugieren que el Gobierno de Biden podría relajar pronto algunos de los ambiciosos objetivos que fijó para impulsar la adopción de vehículos eléctricos. En lugar de esperar que los fabricantes de automóviles alcancen el 60% de las ventas de vehículos nuevos en 2030, la norma actualizada, que se espera para marzo, prevé que esa cifra sea inferior al 60% del total de vehículos producidos en 2030. Puede parecer un cambio insignificante, pero el paso de las ventas de vehículos nuevos al total de vehículos producidos reduciría la carga de los fabricantes de automóviles, que se enfrentan a retos en sus cadenas de suministro y con la demanda de los consumidores.
El Reino Unido tomó una medida similar el año pasado, en septiembre, al anunciar que el Gobierno retrasaría cinco años, de 2030 a 2035, la prohibición prevista de vender coches nuevos de gasolina y diésel. Hubo respuestas dispares sobre si estas decisiones políticas dificultarán a los fabricantes el cumplimiento del mandato ZEV al dificultar la venta de coches o si las normas obligarán a bajar el coste de los VE para atraer a los compradores, aumentando así la adopción de VE.
En Estados Unidos, la industria automovilística presionó a la EPA y a la administración Biden para que hicieran este cambio. John Bozella, director general del grupo comercial Alliance for Automotive Innovation (AAI), pidió a la administración que "diera al mercado y a las cadenas de suministro la oportunidad de ponerse al día, mantuviera la capacidad de elección del cliente, permitiera que se pusieran en marcha más recargas públicas, dejara que los créditos industriales y la Ley de Reducción de la Inflación hicieran lo suyo y repercutieran en el cambio industrial".
El impacto en las operaciones
Incluso con el posible cambio de la norma de emisiones propuesta por la EPA, los fabricantes y minoristas de automóviles deben seguir de cerca cualquier novedad y cómo puede afectar a sus operaciones. Mientras que muchos fabricantes de automóviles están tomando medidas para la transición a los vehículos eléctricos, esta norma puede acelerar los plazos e introducir nuevos puntos de cumplimiento. Además, dado el aumento de los riesgos de seguridad asociados a los vehículos eléctricos, ya sea debido a su mayor peso o a posibles problemas con sus baterías y estaciones de carga, los fabricantes y minoristas deben trabajar con expertos externos para determinar sus responsabilidades y cómo proteger su reputación en caso de que se produzca un evento adverso.
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