Por Max Koonce, Chief claims officer y Bryon Bass, SVP workforce absence
El 13 de enero de 2022, el Tribunal Supremo impidió a la Administración Biden aplicar y hacer cumplir un mandato de vacunación a las grandes empresas (definidas como aquellas con 100 o más empleados).
La Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA), encargada de proteger la seguridad en el lugar de trabajo, había propuesto la medida de emergencia, conocida como Norma Temporal de Emergencia sobre Vacunación y Pruebas, en sus esfuerzos por proteger a la población activa del país frente al virus COVID-19.
En respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo, el Secretario de Trabajo de EE.UU., Marty Walsh, emitió un comunicado que decía, en parte: "Independientemente del resultado de estos procedimientos, OSHA hará todo lo que esté en su autoridad actual para responsabilizar a las empresas de la protección de los trabajadores, incluso en el marco del Programa de Énfasis Nacional COVID-19 y la Cláusula de Deber General."
¿Y ahora qué?
Los empresarios siguen siendo -e históricamente lo han sido- responsables de la seguridad y el bienestar de sus empleados en el trabajo. Como tales, deben seguir cumpliendo y haciendo cumplir los mandatos de vacunación aplicables que puedan provenir de los gobiernos estatales y/o locales; los empleadores también pueden optar por mantener sus propios requisitos de vacunación o pruebas.
La decisión del jueves en realidad no pone fin a la conversación, ya que la decisión volverá ahora al Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Sexto Circuito. Podemos esperar que el Tribunal Supremo vuelva a escuchar los argumentos sobre la sentencia de la OSHA en los próximos meses.
Entendemos que ha habido un poco de latigazo cervical en respuesta a los continuos cambios y actualizaciones en torno a los mandatos de vacunación y pruebas. Así que por ahora, en términos sencillos: sigan adelante. Y seguiremos proporcionando actualizaciones a medida que se produzcan.