Los nuevos proyectos de ley de reforma del régimen de responsabilidad civil de Georgia pretenden transformar el panorama de los litigios

El 30 de enero de 2025, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, anunció su último paquete de medidas de reforma del sistema de responsabilidad civil con el fin de introducir cambios significativos y poner freno al abuso de las demandas. Durante los últimos dos años, Georgia ha sido conocida por sus veredictos desproporcionados, lo que le ha valido el título de «infierno judicial» número uno otorgado por la American Tort Reform Foundation.

Los detalles de dos proyectos de ley del Senado recientemente presentados revelan cambios propuestos que podrían tener un impacto sustancial en la responsabilidad financiera, las estrategias de litigio y el funcionamiento general de las empresas. 

Es fundamental que los empresarios se mantengan informados sobre esta iniciativa de reforma del derecho de daños. Si su empresa opera o tiene intereses en Georgia, asegúrese de participar en esta importante reforma legislativa.   

La reforma en materia de responsabilidad civil introducida por el gobernador Kemp y promovida por el senador de Georgia John F. Kennedy incluye diez cambios importantes repartidos entre los dos proyectos de ley. Tal y como se han presentado, estos proyectos de ley podrían tener un impacto considerable en los litigios. La prevención del uso de la «táctica del anclaje», los cambios en los criterios de responsabilidad por seguridad negligente y la introducción de pruebas relacionadas con el cinturón de seguridad revisten especial importancia. No obstante, todos los cambios propuestos resultarían beneficiosos. 

Enmiendas propuestas al proyecto de ley del Senado n.º 68:

• Derecho civil (Título 9)
  • Anclaje: Limitar la posibilidad de hacer referencia o de recabar testimonios ante el jurado o los posibles miembros del jurado en relación con una cantidad o un rango específicos de daños no económicos.
  • Presentación de contestaciones y plazos para la práctica de la prueba: Modifica los plazos para la presentación de contestaciones y de los escritos de los demandados.
  • Desistimiento voluntario de acciones civiles: Si un caso ha sido desestimado anteriormente en un procedimiento ante un tribunal federal o estatal basado en la misma demanda o que incluya esta, el tribunal puede considerar dicha desestimación como una resolución sobre el fondo del asunto, lo que significa que no se podrá volver a presentar ante el tribunal la misma demanda.
  • Honorarios de abogados y costas judiciales: impide el reembolso por duplicado de los honorarios de abogados, las costas judiciales y los gastos.

• Contratos (Título 13)
  • Recuperación de gastos en demandas por incumplimiento de contrato: Los gastos no pueden reclamarse como parte de la indemnización por daños y perjuicios en un caso de incumplimiento de contrato, a menos que el demandado haya actuado de mala fe, se haya mostrado obstinadamente litigioso o haya causado molestias y gastos innecesarios.

• Vehículos de motor (Título 40)
  • Pruebas relacionadas con el cinturón de seguridad: pueden presentarse y tenerse en cuenta en los procedimientos civiles para determinar la negligencia y repartir la responsabilidad.

• Responsabilidad civil (Título 51)
  • Criterios de responsabilidad por negligencia en materia de seguridad: Limita la responsabilidad a las circunstancias que están bajo el control del Daños o del negocio.
  • Gastos médicos reembolsables: se limitan a aquellos que sean razonables, habituales y necesarios, en contraposición a lo facturado.
  • Separación del juicio sobre responsabilidad y el de indemnización por daños y perjuicios: a petición de cualquiera de las partes.

Enmiendas propuestas al proyecto de ley del Senado n.º 69 — Ley de acceso a los tribunales y protección del consumidor de Georgia:

• Regulación de los financiadores de litigios de terceros (TPLF)
  • Prohíbe la participación de personas extranjeras, mandantes extranjeros o fondos soberanos.
  • Limita lo que puede recuperar un TPLF.
  • Prohíbe influir en la estrategia jurídica o en las decisiones relativas a los acuerdos
  • Exige el registro de los financiadores y la transparencia.

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