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Por Matt Walker, director de Desarrollo Empresarial

El 13 de febrero de 2025, el presidente Trump promulgó undecreto presidencialpor el que se creaba la Comisión Presidencial «Make America Healthy Again» (MAHA). La Comisión evaluará los conocimientos actuales sobre las enfermedades crónicas en Estados Unidos y adoptará medidas para reducir las tasas de estas enfermedades, especialmente entre los niños.

El decreto ejecutivo señala la necesidad de adoptar un «enfoque innovador» en temas que abarcan múltiples sectores, entre ellos la nutrición, la actividad física, los estilos de vida saludables, la dependencia excesiva de los medicamentos y los tratamientos, los efectos de los nuevos hábitos tecnológicos, el impacto medioambiental y la calidad y seguridad de los alimentos y los medicamentos.

La Comisión estará presidida por Robert F. Kennedy Jr., recientemente nombrado secretario de Salud y Servicios Sociales, y Vince Haley, asesor del presidente para Política Nacional, ocupará el cargo de director ejecutivo. El grupo contará también con la participación del secretario de Agricultura, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el director de los Institutos Nacionales de Salud, entre otros.

Objetivos políticos de la Comisión

Según el decreto ejecutivo por el que se crea, «la política del Gobierno federal consistirá en combatir de forma decidida los graves problemas de salud a los que se enfrentan nuestros ciudadanos, entre ellos el aumento de las tasas de trastornos de salud mental, obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas». Esta política fundamental es el eje central de la Comisión recién creada.

Entre lasdirectricesque sirven de apoyo para alcanzar este objetivo se incluyen las siguientes:

  • Toda investigación sanitaria financiada con fondos federales debe garantizar la transparencia y la libre disponibilidad de los datos, y debe evitar o eliminar los conflictos de intereses que sesgan los resultados y perpetúan la desconfianza;
  • La investigación en materia de salud financiada por el Gobierno federal debería dar prioridad a los estudios de referencia sobre las causas fundamentales por las que los estadounidenses enferman;
  • Las agencias colaborarán con los agricultores para garantizar que los alimentos de Estados Unidos sean saludables, abundantes y asequibles; y
  • Las agencias deberán garantizar la disponibilidad de opciones terapéuticas más amplias y la flexibilidad necesaria para que la cobertura del seguro médico ofrezca prestaciones que fomenten cambios positivos en el estilo de vida y la prevención de enfermedades.

A lo largo de todo el decreto ejecutivo se hace hincapié en la necesidad de abordar las enfermedades crónicas infantiles, y se señala que, según las estimaciones, 30 millones de niños en Estados Unidos padecían al menos una afección de salud en 2022. La primera directriz de la Comisión es llevar a cabo un estudio sobre el alcance de las enfermedades crónicas infantiles y los posibles factores que contribuyen a ellas. En un plazo de 100 días, la Comisión deberá presentar al presidente el informe «Make Our Children Healthy Again» (Devolvamos la salud a nuestros niños).

La Comisióndebe tener en cuentanumerosos aspectos en la evaluación, entre ellos una comparación de las enfermedades crónicas infantiles en los Estados Unidos con las de otros países y una valoración de los posibles riesgos basada en datos rigurosos y transparentes. En concreto, las posibles amenazas que suponen para los niños el uso excesivo de medicamentos, determinados ingredientes alimentarios, sustancias químicas y otras exposiciones. Otros aspectos que deben tenerse en cuenta en la evaluación son la identificación y la difusión de las mejores prácticas para prevenir problemas de salud infantil, así como la restauración de la integridad de la ciencia mediante la eliminación de la «influencia indebida de la industria, la divulgación de los resultados y los datos subyacentes en la medida máxima permitida por la legislación aplicable y el aumento del rigor metodológico».

De cara al futuro

Aunque la Comisión se encuentra actualmente en la fase de revisión y análisis, es probable que avance rápidamente hacia la fase de elaboración de normas. La Administración Trump ha señalado la normativa sanitaria como una prioridad, y este decreto ejecutivo constituye el primer paso del proceso. Aunque los detalles de las posibles reformas aún no están claros, los miembros de los sectores de la alimentación y las bebidas y del sector farmacéutico deben prepararse para cambios normativos en los próximos cuatro años.

Los expertos jurídicos de DLA Piperseñalan varias posibles repercusiones para las empresas, entre ellas un mayor control de los ingredientes de la cadena alimentaria, cambios en las políticas nutricionales —como la revisión de las directrices dietéticas— y un mayor escrutinio del uso de medicamentos con receta para tratar enfermedades crónicas, trastornos cognitivos y problemas de salud mental.

Los expertos señalan además que tanto la Cámara de Representantes como el Senado han creado sus propios grupos de trabajo sobre la MAHA, que comparten con la Administración Trump el objetivo de reducir las tasas de enfermedades crónicas. Esta iniciativa coordinada implica que las empresas podrían tener que hacer frente a nuevos requisitos tanto por parte de los organismos reguladores como de los responsables políticos.

Las empresas deben seguir de cerca los avances de la Comisión y aprovechar las oportunidades para participar en el proceso. Deben estar al tanto de la actividad en el Congreso, ya se trate de audiencias sobre cuestiones clave o de la presentación de nuevas leyes. También seguirá siendo fundamental que las empresas revisen periódicamente sus planes de retirada de productos y de comunicación para tener en cuenta los riesgos emergentes y garantizar la transparencia ante los clientes.

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