Cómo la GPSR de la UE y la PRMA 2025 están transformando la seguridad de los productos, las pruebas y la recuperación en todo el Reino Unido

El Reino Unido se encuentra al inicio de un cambio importante en la forma en que se regula la seguridad de los productos y se determina la responsabilidad cuando algo sale mal. Durante muchos años, la Ley de Protección al Consumidor de 1987 estableció los límites para las reclamaciones por productos defectuosos, y ese marco básico sigue vigente. Lo que está cambiando, y cambiando rápidamente, es el entorno normativo que lo rodea: quién es responsable de conservar la información, qué pruebas deben existir y qué empresas están obligadas a cooperar cuando un defecto provoca pérdidas.

Hay dos novedades que revisten especial importancia. Irlanda del Norte ha implementado el Reglamento general de seguridad de los productos de la UE (EU GPSR), que entró en vigor en diciembre de 2024 y representa uno de los regímenes de seguridad de los productos más modernos y completos que existen en Europa. Por su parte, Gran Bretaña ha aprobado la Ley de Regulación de Productos y Metrología de 2025 (PRMA), que sienta las bases para un enfoque similar, especialmente en lo que respecta a los productos digitales, conectados y basados en inteligencia artificial.

Aunque diferentes en su estructura, ambos marcos empujan al Reino Unido en la misma dirección: una mayor trazabilidad, una cadena de responsabilidad más clara y unas expectativas mucho más altas en cuanto a las pruebas. Para los investigadores forenses, las aseguradoras y los especialistas jurídicos, esto se traduce en menos puntos ciegos y un panorama probatorio mucho más sólido.

Una nueva realidad: lo que realmente aportan las regulaciones

El GPSR de la UE incluye en el panorama normativo a las plataformas en línea, los centros de distribución y otros intermediarios que antes eran «invisibles». Los mercados deben verificar quién vende los productos, llevar registros, apoyar las retiradas y garantizar que los consumidores sepan quién está detrás del producto. Los proveedores de servicios de distribución pueden incluso convertirse en el «operador económico responsable» cuando no se puede identificar al fabricante o importador original.

Otro cambio importante se refiere a la documentación. Según el GPSR, la información técnica sobre un producto debe conservarse durante diez años. Esto incluye evaluaciones de seguridad, historiales de actualizaciones y la información necesaria para confirmar el origen del producto y cómo entró en la cadena de suministro. De este modo se reducen las lagunas que a menudo dificultan las investigaciones, como la falta de etiquetas, la procedencia poco clara o los importadores imposibles de localizar.

La PRMA 2025 lleva al Reino Unido en la misma dirección. Se trata de una ley habilitante más que de un código normativo definitivo, pero su propósito es claro: las normas futuras abarcarán los productos basados en software, los riesgos relacionados con la inteligencia artificial, los mercados en línea y el etiquetado digital. Definirán cómo se recopila y se comparte la información a lo largo del ciclo de vida del producto. A medida que estas medidas entren en vigor, Gran Bretaña se irá ajustando cada vez más a los requisitos de trazabilidad y responsabilidad que exige el GPSR.

Por qué esto es importante para la investigación forense

El trabajo forense siempre ha dependido de la calidad y disponibilidad de las pruebas. En los incendios o en los casos que implican daños térmicos graves, los productos suelen perder toda identificación, lo que dificulta, y a veces incluso imposibilita, determinar quién fue el responsable.

El nuevo entorno normativo cambia esa dinámica. Ahora que los mercados en línea y los servicios de logística se reconocen oficialmente como parte de la cadena de suministro, los investigadores tienen acceso a nuevas formas de información más allá de la escena física: los datos de las plataformas, los registros de listados, los registros de almacenes y los historiales de retiradas pueden ayudar a identificar el origen de un producto, incluso cuando el objeto en sí mismo es irreconocible.

Este cambio es especialmente significativo a medida que los productos se vuelven más digitales. Las averías modernas afectan cada vez más al comportamiento del firmware, las interacciones de los sensores, los problemas de conectividad o los sistemas de gestión de la batería. La PRMA 2025 reconoce explícitamente estos componentes intangibles, lo que significa que las futuras normativas exigirán una documentación más detallada de las actualizaciones de software, el comportamiento del sistema y las evaluaciones de riesgos. Para los investigadores, esto proporciona una base de pruebas más rica para establecer la causalidad, ya sea que la avería haya sido mecánica, eléctrica o digital.

La combinación de pruebas físicas y digitales refuerza la fiabilidad de las conclusiones forenses y reduce el número de casos que concluyen con respuestas poco claras.

Qué significa para la recuperación y el litigio

La vía legal para reclamaciones por productos defectuosos en el Reino Unido sigue pasando por la Ley de Protección al Consumidor, pero la dinámica práctica en torno a los litigios está evolucionando. El endurecimiento de los requisitos de documentación, la clarificación de las responsabilidades de la cadena de suministro y la inclusión formal de los intermediarios digitales hacen que las reclamaciones que antes se estancaban por falta de pruebas ahora sean mucho más viables.

En los casos en los que antes se fracasaba porque no se podía identificar al fabricante o porque el importador había desaparecido de la cadena de suministro, el nuevo marco normativo reduce considerablemente esa incertidumbre. Los demandantes tienen más posibilidades de acceder a la información necesaria para determinar quién comercializó el producto y quién es responsable de su seguridad.

Este cambio tiene un impacto directo en la recuperación. Amplía el abanico de partes a las que se puede perseguir, aclara las obligaciones que existen dentro de la cadena de distribución y refuerza la base fáctica sobre la que se puede argumentar la responsabilidad. Como resultado, las aseguradoras pueden esperar menos callejones sin salida en las acciones subrogadas y una mayor probabilidad de que se encuentren las partes responsables.

La divergencia entre el sistema alineado con la UE de Irlanda del Norte y el régimen emergente basado en la PRMA de Gran Bretaña también crea oportunidades estratégicas. Los productos que entran en el Reino Unido a través de Irlanda del Norte ya están sujetos a obligaciones de trazabilidad más estrictas, lo que puede respaldar las solicitudes de divulgación o la preparación de casos en disputas que surjan en otras partes del Reino Unido. A medida que estos marcos sigan evolucionando, los equipos jurídicos utilizarán cada vez más las obligaciones reglamentarias como parte de la estrategia de recuperación.

EFI Global y Sedgwick Legal Services: coordinación de conocimientos técnicos y jurídicos

A medida que mejora la trazabilidad y se obtienen más pruebas, la relación entre la investigación técnica y el análisis jurídico cobra aún más importancia. El trabajo forense de EFI Global identifica cómo falló un producto y quién puede ser responsable, mientras que Sedgwick Legal Services (SLS) se basa en esas conclusiones para evaluar la responsabilidad, diseñar estrategias de recuperación y orientar los pasos a seguir.

Trabajar juntos desde el principio de un caso ayuda a garantizar que los aspectos técnicos se comprendan correctamente, que se conserven las pruebas importantes y que los argumentos jurídicos reflejen lo que realmente muestran los hallazgos técnicos. Este enfoque coordinado proporciona a las aseguradoras una visión más clara y facilita una transición más fluida desde la investigación hasta la recuperación.

Caso práctico: cómo funciona esto en la práctica

Un caso reciente ilustra cómo funciona esto en la práctica. Tras el incendio de una vivienda, la investigación forense de EFI Global determinó que el origen del fuego se encontraba en un aparato de calefacción doméstico. El investigador identificó un defecto eléctrico en el conjunto de control del producto, lo que coincidía con un problema de seguridad emergente. Las comprobaciones de la cadena de suministro confirmaron el fabricante y el propietario de la marca, pero solo se disponía de información limitada sobre la retirada del producto, lo que hacía que las pruebas fueran menos claras que en los casos habituales.

Con el consentimiento de la aseguradora, el experto de EFI Global colaboró estrechamente con Sedgwick Legal Services para aclarar los hallazgos técnicos, subsanar las lagunas probatorias y construir un caso sólido y legalmente defendible. Esta colaboración permitió a SLS presentar una reclamación en virtud de la Ley de Protección al Consumidor contra ambas entidades y, en última instancia, garantizar una recuperación satisfactoria.

Este ejemplo muestra cómo un mejor acceso a los datos, una mayor trazabilidad y un trabajo técnico-jurídico coordinado pueden dar lugar a resultados positivos, incluso cuando las pruebas disponibles son incompletas o aún se están desarrollando.

De cara al futuro

La normativa sobre seguridad de los productos en el Reino Unido está evolucionando hacia un modelo basado en datos, componentes digitales y trazabilidad a lo largo de cadenas de suministro cada vez más complejas. El GPSR de la UE representa plenamente este cambio, mientras que el PRMA 2025 alineará gradualmente al Reino Unido con él.

Para los investigadores, las aseguradoras y los profesionales del ámbito jurídico, este marco en constante evolución se traduce en mejores pruebas, una rendición de cuentas más clara y, potencialmente, mayores índices de recuperación satisfactoria. Las organizaciones que se adapten pronto, especialmente en lo que respecta al manejo de las pruebas digitales, los riesgos relacionados con el software y las nuevas responsabilidades de la cadena de suministro, estarán en una buena posición para gestionar las reclamaciones y respaldar resultados justos.

EFI Global y Sedgwick Legal Services continúan trabajando juntos para ayudar a los clientes a prepararse para este nuevo entorno, combinando conocimientos forenses con estrategias legales en un panorama en el que las pruebas ya no se limitan a lo que se encuentra sobre el terreno, sino que se extienden a todo el ciclo de vida digital y físico de un producto.

Para obtener más información, póngase en contacto con Nicholas Okonoboh, [email protected]