La industria del cáñamo estadounidense se enfrenta a una prohibición de sus productos

A mediados de noviembre, el Congreso de los Estados Unidos aprobó laLey de Asignaciones Continuadas, Agricultura, Poder Legislativo, Construcción Militar y Asuntos de Veteranos, y Prórrogas de 2026(H.R. 5371). La medida fue firmada por el presidente Trump, poniendo fin al cierre del Gobierno estadounidense más prolongado de la historia. Como pone de manifiesto la extensión de su título, el proyecto de ley abarca una amplia gama de competencias que afectan a diversos sectores. 

Una modificación concreta llamó rápidamente la atención del sector del cáñamo por su potencial para alterar significativamente el futuro del sector. La disposición propone cerrar la denominada «laguna jurídica del cáñamo» de la Ley Agrícola de 2018. A menos que se apruebe una legislación correctiva antes de noviembre de 2026, una parte significativa de los productos de cáñamo será tipificada como delito.

Contexto clave

En 2018, el Congreso aprobó laLey de Mejora de la Agricultura de 2018 («LeyAgrícola de 2018»), que legalizó el «cáñamo» según la definición de «la planta Cannabis sativa L. y cualquier parte de dicha planta, incluidas sus semillas y todos los derivados, extractos, cannabinoides, isómeros, ácidos, sales y sales de isómeros, estén creciendo o no, con una concentración de delta-9-tetrahidrocannabinol no superior al 0,3 % en peso seco».

La Ley Agrícola de 2018 no regulaba los cannabinoides distintos del delta-9 THC, lo que creó una «laguna jurídica» que permitía a los fabricantes elaborar productos psicoactivos con otros tipos de cannabinoides, como el delta-8, el delta-10 y el THC-O, siempre que los niveles de tetrahidrocannabinol (THC) delta-9 en dichos productos fueran del 0,3 % o menos en peso seco. Esto condujo rápidamente a una floreciente industria del cáñamo cuyovalor se estima ahoraen 28 000 millones de dólares. 

Sin embargo, esta «laguna jurídica» implica que los productos de cáñamo están sujetos a una normativa y una supervisión mucho menos estrictas. No existe la obligación de realizar pruebas, y han surgido preocupaciones de que la falta de supervisión por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) haya dado lugar a productos poco seguros que podrían estar contaminados con otras sustancias químicas, llevar un etiquetado erróneo o provocar efectos secundarios adversos.

Modificaciones introducidas por la Ley de Asignaciones Provisionales

La ley recientemente aprobadamodificala definición de cáñamo recogida en la Ley Agrícola de 2018 para limitar la concentración total de tetrahidrocannabinol —y no solo la concentración de THC delta-9— a un máximo del 0,3 % en peso seco. La nueva definición excluye además los cannabinoides sintéticos, lo que, en la práctica, supone que el delta-8 y el THCA pasan a ser ilegales según la legislación federal. 

Además, la medida establece un límite de 0,4 miligramos de THC total por envase en un producto final derivado del cáñamo. Esto hace que el límite del 0,3 % en peso seco para la concentración total de THC entre en conflicto con la cantidad total permitida de THC por envase. Los productores deberán cumplir ambos umbrales.

Los cambios tendrán repercusiones de gran alcance para el sector de la alimentación y las bebidas, ya que desde 2018 han surgido nuevas categorías de productos con cáñamo. Entre ellos se incluyen las gominolas de delta-8 y otros formatos que han ganado popularidad a medida que cada vez más estadounidenses dejan de lado las bebidas alcohólicas para pasarse a los productos con THC. 

De cara al futuro

Está previsto que la nueva definición entre en vigor el 12 de noviembre de 2026. El sector del cáñamo estátratando de bloquearla prohibición federal y, en su lugar, aboga por la regulación y la supervisión del sector. Esto incluye normas federales en materia de análisis, etiquetado y restricciones de edad. Setemeque, si se mantiene la prohibición, muchos cultivadores y fabricantes de cáñamo puedan recurrir a la producción ilegal de productos de cáñamo, lo que plantearía problemas de seguridad adicionales.

Un grupo bipartidista de congresistas de Carolina del Sur, Kentucky, California e Indiana hapresentado un proyecto de ley que derogaría la prohibición federal prevista en el artículo 781 de la Ley de Asignaciones Continuadas. Los distintos estados también están adoptando enfoques diversos. Texas estáimpulsandouna normativa para el sector del cáñamo en lugar de una prohibición, mientras que Ohio hapresentadoun proyecto de ley para prohibir los productos de cáñamo con efectos psicoactivos, en consonancia con las nuevas restricciones federales.

Las empresas del sector de la alimentación y las bebidas que cultivan, fabrican o distribuyen productos de cáñamo o cannabinoides sintéticos deben seguir de cerca las novedades que se produzcan a nivel estatal y federal. Hay muchos escenarios que podrían darse a lo largo del próximo año, entre ellos un mosaico de leyes estatales que regulen o prohíban los productos de cáñamo, la revocación de la prohibición federal o nuevas regulaciones federales para el sector. 

Las empresas deberían evaluar sus operaciones y empezar a prepararse para los ajustes que deberán realizar en virtud de los cambios en las definiciones incluidos en la Ley de Asignaciones Continuadas.

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