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Por Chris Occleshaw, consultor internacional en retiradas de productos

El 23 de mayo de 2024, el Gobierno del Reino Unido aprobó la versión definitivadel proyecto de ley sobre mercados digitales, competencia y consumidores(el proyecto de ley), cuyo objetivo es reforzar la aplicación de las normas de protección del consumidor y modernizar la normativa relativa a los mercados digitales.

Sin embargo, hay un aspecto del proyecto de ley que reviste especial interés para los fabricantes y minoristas de productos de consumo. El proyecto de ley establece un régimen de ejecución directa en virtud del cual la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) tendrá la facultad reguladora de hacer cumplir la legislación en materia de consumo mediante la imposición de sanciones económicas. En la actualidad, la CMA solo puede hacer cumplir la legislación en materia de consumo a través de los tribunales y no puede imponer multas a las empresas por infringirla.

Como parte de este nuevo «modelo de ejecución administrativa», la CMA estará facultada para investigar presuntas infracciones y emitir notificaciones de infracción a las empresas cuando considere que estas han infringido la legislación en materia de consumo. Cabe destacar que la CMA también estará facultada para imponer multas de hasta el 10 % de la facturación anual global de una empresa por cualquier incumplimiento de la legislación británica en materia de consumo.

Elementos clave del nuevo proyecto de ley

El proyecto de ley, que introduce un régimen «favorable a la competencia», también permitirá a la Unidad de Mercados Digitales (DMU) de la CMA otorgar a determinadas empresas tecnológicas la «condición de mercado estratégico» (SMS) y establecer «requisitos de conducta» exigibles para dichas empresas. La CMA ha publicado un borrador de directrices para su consulta, que las empresas deberían examinar independientemente de si creen que recibirán la condición de mercado estratégico o no.

El proyecto de ley también aborda otras cuestiones a las que se enfrentan habitualmente los consumidores en las plataformas digitales. Entre ellas se incluyen:

  • Prácticas comerciales desleales.El proyecto de ley deroga y sustituye al Reglamento de 2008 sobre la protección de los consumidores frente a las prácticas comerciales desleales (CPR), una normativa de la UE incorporada al ordenamiento jurídico nacional. En su lugar, el proyecto de ley establece normas para proteger a los consumidores frente a acciones engañosas, omisiones o prácticas agresivas relacionadas con la comercialización y la venta de productos a los consumidores. Además, el proyecto de ley reproduce en líneas generales la lista de prácticas específicas prohibidas del CPR y otorga la facultad de promulgar reglamentos que amplíen dicha lista.
  • Prohibir las reseñas falsas. En virtud delas nuevas competencias reguladoras que establece el proyecto de ley, el Gobierno del Reino Unido prohibirá las reseñas falsas. El proyecto de ley también prohíbe cualquier invitación a la compra que omita información relevante, lo que incluye prácticas como el «drip-pricing».
  • Luchar contra las «trampas de las suscripciones».Las trampas de las suscripciones se refieren a las prácticas mediante las cuales las empresas dificultan a los consumidores la rescisión de los contratos de suscripción. El proyecto de ley impone nuevas obligaciones a las empresas: «facilitar información específica previa al contrato a los consumidores, enviarles recordatorios antes de que el contrato se renueve automáticamente para un nuevo periodo, garantizar a los consumidores el derecho a rescindir los contratos de suscripción durante los periodos de reflexión y asegurar que los consumidores dispongan de un mecanismo sencillo para rescindir el contrato de suscripción».

Próximos pasos para las empresas

Ahora que el proyecto de ley ha recibido la sanción real, la CMA elaborará unas directrices sobre cómo ejercerá sus nuevas competencias. Las empresas con actividad en línea —especialmente aquellas que ofrecen suscripciones y otros servicios digitales a los consumidores— deben examinar detenidamente el proyecto de ley y asegurarse de que cumplen con la nueva normativa.

Dado que la CMA ha asumido mayores competencias en materia de control del cumplimiento, las empresas también deberían revisar y actualizar sus planes de retirada de productos y de comunicación para asegurarse de que están preparadas ante cualquier nuevo tipo de incidente relacionado con los productos en el mercado y de que son capaces de comunicarse de forma eficaz con los clientes. Asimismo, es importante seguir recurriendo a expertos externos que puedan ayudar en la preparación y la gestión de crisis relacionadas con los productos.

Con la confianza de las principales marcas mundiales, el servicio de protección de marcas de Sedgwick ha gestionado más de 7.000 retiradas de productos, entre las más urgentes y delicadas, en más de 100 países y en más de 50 idiomas a lo largo de 25 años. Para obtener más información sobre nuestras soluciones de retirada y corrección de productos, visite nuestro sitio webaquí.