Ampliaciones de los costes recuperables fijos: en qué consisten los cambios y por qué son importantes

En el Reino Unido —concretamente en Inglaterra y Gales— en octubre de 2023 se pusieron en marcha nuevos cambios. En lo que respecta a los litigios, las ampliaciones de los costes recuperables fijos tendrán repercusiones, y esta serie de cambios tiene un potencial real para trastocar el mercado. 

¿Qué son los costes fijos recuperables?

Los costes recuperables fijos (FRC) son importes fijos de las costas judiciales que la parte ganadora puede reclamar a la parte perdedora en un litigio civil. Los FRC no son un concepto totalmente nuevo. Se introdujeron en el ámbito de las demandas civiles en 2010 y, hasta ahora, ya se han aplicado en la mayoría de los casos de daños personales de escasa cuantía y poco complejos, como las reclamaciones por accidentes de tráfico. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva de las costas civiles realizada en 2017 y una consulta en 2019 sobre la ampliación de los FRC en los casos civiles, el Gobierno publicó en septiembre de 2021 sus propuestas para ampliar los FRC a más categorías de demandas, incluidas aquellas de mayor cuantía. Además, el plan simplificará los procedimientos relacionados con las declaraciones de los testigos, la divulgación de documentos, la duración del juicio y otros aspectos. 

La intención inicial de los costes fijos recuperables es reforzar la previsibilidad y la capacidad de las partes para conocer de antemano el importe de los costes. En la práctica, esto debería garantizar la igualdad de condiciones para los demandantes y promover el acceso a la justicia para todos. Irónicamente, algunos de los cambios previstos podrían, por el contrario, obstaculizar ese esfuerzo.

El nuevo régimen de costes recuperables fijos introduce los siguientes cambios:

• Ampliar el procedimiento acelerado del FRC, que actualmente se aplica a las reclamaciones por daños personales de baja complejidad de hasta 25 000 £, a la mayoría de las reclamaciones civiles por un importe de hasta 25 000 £
• Además de la vía rápida, habrá una nueva «vía intermedia» destinada a las reclamaciones de mayor cuantía (entre 25 000 y 100 000 libras esterlinas).
• Cada caso de la vía rápida o intermedia se asignará a un grupo de complejidad, o «banda», que va del 1 al 4. Las bandas más altas, que en teoría representan niveles más elevados de complejidad en el caso, conllevan mayores costes fijos 
• La asignación tanto al tipo de vía como al nivel de complejidad determinará el importe de los costes recuperables y pagaderos

¿Qué podría salir mal?

El régimen del FRC determina la recuperabilidad de los costes, pero no establece el importe de los honorarios que pueden cobrar los representantes legales. Si una parte incurre en gastos legales superiores a los que pueden recuperarse en virtud del régimen del FRC, dicha parte deberá sufragar la diferencia para pagar a sus abogados. Esto podría afectar al principio fundamental que el FRC pretende garantizar, el acceso a la justicia, ya que no todas las partes podrán permitirse sufragar dicha diferencia. 

Por lo tanto, dado que en determinados tipos de reclamaciones los costes recuperables serán mucho menores que en otros, resultarán mucho menos atractivos para los profesionales del derecho. Los bufetes podrían considerar que la estructura de honorarios fijos supone un reto financiero demasiado grande, y esto ofrece pocos incentivos a los abogados litigantes para trabajar en este tipo de casos. Además, algunas aseguradoras de gastos legales podrían replantearse sus modelos de negocio y retirarse del ámbito de los honorarios fijos. Este efecto dominó podría obstaculizar el acceso a la representación legal, especialmente para los bufetes más pequeños que atienden a clientes de menor poder adquisitivo.

Además, en el marco anterior, una parte podía haber dedicado semanas, meses o incluso años a negociar antes de llegar a los tribunales, lo que podía haberle supuesto unos costes considerables. Antes, el objetivo final era evitar por completo el litigio.

De cara al futuro, una vez que el demandante haya completado el protocolo previo a la acción correspondiente, si considera que tiene buenas perspectivas, le convendrá iniciar el procedimiento lo antes posible y pasar a la siguiente fase del FRC, en lugar de a la fase previa a la presentación de la demanda. Lógicamente, esto provocará un aumento repentino en el flujo de casos que pasan a la fase de litigio, en un momento en que los tribunales están más saturados que nunca, aún recuperándose tanto del cierre de los juzgados como de la acumulación de casos pendientes debido a la pandemia. Como sector, debemos preguntarnos: ¿está el mercado preparado para un cambio tan transformador?

De cara al futuro

Parece que los tribunales han aceptado que habrá un proceso de prueba y error. Ahora veremos cómo funciona en la práctica; es posible que algunos aspectos resulten inviables y haya que modificarlos. A medida que más personas comprendan este nuevo panorama procesal, es probable que algunos demandantes intenten adaptar sus estrategias para maximizar las indemnizaciones que puedan obtener, lo que podría afectar al ahorro y la previsibilidad previstos. Por el momento, aún está por ver cuáles serán las repercusiones más importantes.

Más información >Escucha un podcast sobre este tema aquí o ponte en contacto con[email protected].